Rechazo a Ortega no cesa en Nicaragua tras 4 meses de protestas continuas

Las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumplen hoy cuatro meses, y al menos 4 de las ciudades más grandes del país anunciaron nuevas manifestaciones en rechazo al Gobierno la tarde de este sábado.

Los manifestantes autoconvocados de Managua, León, Estelí y Granada se citaron para esta tarde en algunas de las principales vías de cada ciudad, para protestar contra Ortega, a quien responsabilizan de entre 317 y 448 muertes desde el estallido social del 18 de abril, aunque el presidente solo reconoce 198.

Los autoconvocados denominaron la jornada de protestas "Nada está normal", como rechazo al discurso oficial, que asegura que Nicaragua ha recuperado "la normalidad" cuatro meses después del estallido.

Según los manifestantes, a pesar de que el Gobierno proclamó que Nicaragua volvió a "la normalidad", tras lo que sostiene fue un intento de "golpe de Estado", el país continúa en crisis.

Entre las razones que los autoconvocados afirman que Nicaragua no está normal se encuentra el hecho de que cualquier persona que porte la bandera nacional puede ser llevada a prisión por paramilitares o policías, que merodean las calles encapuchados y fuertemente armados.

Los manifestantes también alegan que "no es normal" ver las calles vacías después del atardecer, que los estudiantes tengan temor de volver a las universidades o que los nicaragüenses huyan de su país.

Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. 

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